La lepra y el estigma “legal”
Durante miles de años, la discriminación y la exclusión social han condicionado la vida de las personas afectadas por la lepra, con consecuencias incluso peores que la propia enfermedad.
En la actualidad, el estigma se ve en situaciones diarias: no son bienvenidas en las tiendas, se les excluye en las escuelas o son tratadas con desprecio, no se les atiende en los centros de salud, no son invitadas a eventos ni comidas, son rechazadas para el matrimonio o expulsadas del hogar familiar… Esta es la realidad cotidiana de hasta 5 millones de personas. El resultado es pobreza, deshumanización, desesperación, incluso suicidio.
Además, más de 20 países mantienen leyes discriminatorias en vigor contra las personas afectadas por la lepra.
¿Qué derechos vulneran estas leyes?
Vulneran los derechos políticos: se considera que la lepra es motivo suficiente para prohibir que las personas afectadas participen en las elecciones y también para destituirlas de los cargos que ocupan.
Restringen la libertad de movimiento: prohíben a las personas afectadas por la lepra utilizar el transporte público o son expulsadas de los mercados públicos.
Permiten la disolución, anulación, separación y no celebración del matrimonio en caso de que uno de los cónyuges esté afectado por la lepra.
Niegan derechos a los migrantes: puede aducirse la lepra como motivo para no conceder visados, permisos de trabajo o residencia y la ciudadanía.
Restringen el acceso a determinados puestos de trabajo como manipular alimentos y bebidas; prestar servicios en tribunales y universidades; conducir vehículos del transporte público; trabajar como jueces; ocupar cargos jerárquicos en cooperativas, universidades y entidades de asistencia y religiosas; y prestar servicios de contabilidad, de mecanografía, legales, médicos, de enfermería y domésticos. También prohíben que obtengan determinadas licencias profesionales y que tengan acceso a ciertos cargos o carreras.
Disponen el aislamiento de mendigos afectados por la lepra y autorizan que se los encarcele o segregue en asilos, centros especiales o refugios y la prohibición de que asistan a la escuela e ingresen a otros espacios públicos. En caso de tener que detener a madres o padres, autorizan también a detener a sus hijos. En otros casos, la detención conlleva a la separación de padres e hijos.
¿Qué países mantienen estas leyes?
Hemos contabilizado 130 legislaciones en Bahamas, Barbados, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, India, Jamaica, Malasia, Malta, Myanmar, Namibia, Níger, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Senegal, Singapur, Sri Lanka y Taiwán.
La Federación Internacional de entidades de lucha contra la lepra (ILEP) ha elaborado una base de datos de todas las leyes discriminatorias conocidas. Puedes consultarla aquí.